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Madre de joven atropellado en febrero en avenida Pascual Baburizza, tras conocer que el conductor del vehículo estará con arresto domiciliario, pide justicia y que se revoque la medida.  Además señaló que ni siquiera se le ha notificado formalmente de un depósito 5 millones de pesos para reparar el mal causado, sobre lo que señala que rechazó un juicio abreviado que les ofrecieron y buscará justicia por la muerte de su hijo.

El martes a través de las redes sociales, Jacqueline Castañeda se enteró que quien atropelló a su hijo, Feliz Sillerico Esteve, recibió el beneficio de cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, ante lo cual sintió que nuevamente le volvieran a matar a su hijo Guillermo Fernández y vivir todo el sufrimiento nuevamente.

Como se recordará la noche del 24 de febrero en horario de toque de queda, el conductor del vehículo a exceso de velocidad impactó a Fernández, matándolo de inmediato cuando se trasladaba en su bicicleta, huyendo del lugar y no prestando ayuda.  Posteriormente intentó ocultar el vehículo tapándolo y sacándole las patentes, siendo encontrado y detenido por carabineros al otro día, dado que también mantenía antecedentes policiales anteriores por temas vinculados a drogas y conducción en estado de ebriedad, los cuales estaban prescritos.

La noticia, hizo que esta mujer volviera a revivir el calvario, considerando injusto lo determinado por el tribunal, ya que se otorga un beneficio que ella es la única afectada, ya que no pudo despedir a su hijo como se debía ya que le entregaron el ataud cerrado y hoy en día no puede ir al cementerio dado que está cerrado por la pandemia y sólo debe conformarse con dejarle velas en la animita construida en el lugar del accidente.

“El autor está como todos nosotros, encerrado en su casa y sin una condena. Acá está pesando más el poder del dinero que la vida.  De él o su familia nunca he recibido una palabra, un lo siento o un arrepentimiento, por lo que sólo pido justicia, ya que cada día que esta persona está libre es como que lo atropellarán una y otra vez”, dijo Jacqueline Castañeda

Cabe mencionar que la fiscalía aún no ha notificado a la madre de la víctima sobre el cambio de la cautelar, ni del supuesto pago de 5 millones de pesos, donde lo único que se aspira es a que se revoque esta medida cautelar y vuelva a prisión, donde señala que para lo único que la llamaron en mayo fue para proponerle un juicio abreviado, el cual ella rechazó tajantemente.

La madre de la víctima está siendo representada por un grupo de abogados encabezados por Nelson Venegas quien manifestó que “con esto queda de manifiesto la injusticia en este país, donde una persona trabajadora perdió a su hijo y el autor se dio a la fuga, sin misericordia y trató de encubrir el hecho”.

Lo preocupante en el aspecto legal, es que se están desconociendo aspectos que debería regular la ley Emilia, donde a lo menos debería estar un año en privación de libertad, por lo que se presentará una querella, pidiendo una serie de antecedentes que permitan revocar la medida cautelas como los análisis periciales del accidente, el informe del Servicio Médico Legal, los niveles de alcoholemia y los llamados telefónicos efectuados tras el accidente, además de hacerse parte de un requerimiento al tribunal constitucional, además de la querella presentada en el Tribunal de Garantía de Los Andes.

La idea es ponerse en contacto con la fundación Emilia para ver este caso, ya que no se está aplicando la  ley en una persona que también tiene agravantes.

Respecto al pago de los 5 millones de pesos se quiere aclarar que no se han hecho efectivos, ya que ese dinero para reparar el mal causado está depositado en los tribunales, por lo que se pretende que no quede la sensación que se vendió la vida de una persona.

“No se busca con esto una venganza, sino que justicia, ya que lo que está ocurriendo con este caso da una señal de impotencia” dijo Venegas.

Cabe mencionar que no se pidió ningún tipo de opinión para cambiar la medida cautelar, por lo que se apunta a revocar la medida donde mediante diligencias se apunta a iniciar las acciones legales que correspondan, aunque se tiene conciencia que será un caso difícil.