Marcela Vera, economista y doctora en Ciencias Sociales de la USACH, plantea que el acuerdo entre Codelco y SQM no maximiza las rentas del litio para el Estado.
La economista y doctora en Ciencias Sociales Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (FAE-USACH), explicó a Reporte Minero y Energético el memorándum de entendimiento firmado entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama.
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Según Vera, “el memorándum de entendimiento entrega a SQM la continuidad de la concesión y una cuota adicional de 300.000 toneladas de LCE hasta 2030, mientras que Codelco sólo participa en la utilidad generada por 201.000 toneladas de LCE en ese mismo período y, a partir de 2031, su poder dependerá de mantener la mayoría accionaria”.
La académica agregó que “no hay pago al contado y los ingresos del Estado quedan sujetos al precio internacional del litio, que se proyecta moderado al menos hasta 2030”.
Valor económico del acuerdo entre SQM-CODELCO
En cuanto al valor económico, Vera destacó que “si se toma como referencia la compra de Arcadium Lithium por Rio Tinto (US $ 6 700 millones por una capacidad equivalente a la mitad de lo cedido aquí), el ‘valor de mercado’ del 50 % del salar debió bordear esa cifra; al no recibirla, el Estado renuncia a un flujo inmediato y a la opción de capturar el 100 % de las rentas que podría generar una explotación propia”.
“El Estado tiene la capacidad y las condiciones jurídicas para explotar el 100% del Litio, generando las tan anheladas rentas para satisfacer los requerimientos presupuestarios del Estado y de sus ciudadanos”, señaló la economista.
Respecto al proceso de adjudicación, la economista advirtió que “visto desde la lógica del mercado, este millonario preacuerdo no ha sido licitado, y de realizarse se hará mediante un trato directo, lo cual es negativo no solo para la estrategia nacional del litio, sino que además queda fuera de los márgenes de la transparencia y la eficiencia pública, eliminando la competencia”.
Vera propuso que “podría haberse licitado un 20% con la posibilidad de asegurar en las licitaciones, condiciones para la transferencia tecnológica y la explotación del 100% del litio en unos años, como ocurre en contratos en los cuales el horizonte objetivo es fortalecer la capacidad pública del Estado y el buen uso de las rentas nacionales”.
Impacto fiscal: Precios, costos, tasa de descuento y escenarios de precio-volumen
Sobre el impacto fiscal, explicó que “para estimar el perjuicio fiscal deben proyectarse los flujos de caja que habrían ingresado al Estado bajo un esquema 100 % público o licitado: producción anual esperada, precio del carbonato/hidróxido de litio, estructura de costos, tasa de descuento y escenarios de precio-volumen”.
El monto estimado “va desde los 45.000 millones de dólares a los 365.000 millones de dólares aproximadamente.” Además, sumó que “a ello se suma el valor presente de un pago inicial perdido (≈US $ 6 700 millones) y la recaudación no percibida por royalty e impuestos específicos si la producción sigue bajo SQM, empresa que adeuda al SII cerca de US $ 745 millones”.
“(El acuerdo) perpetuando la impunidad de la privatización original”
Finalmente, Vera alertó que “el proceso refuerza la percepción de que la gran minería del litio se decide mediante negociaciones bilaterales opacas, perpetuando la impunidad de la privatización original y debilitando la credibilidad del acuerdo entre SQM y Codelco”.
La académica concluyó que “a los inversionistas les preocupa la ausencia de reglas claras y concursos públicos; al mismo tiempo, actores con vínculos políticos estrechos reciben certidumbre jurídica aun arrastrando pasivos regulatorios. Esto envía una mala señal pues Chile mantiene estabilidad contractual para empresas dirigidas por la familia de Pinochet y sacrifica transparencia, competencia y control estatal en sectores estratégicos, factores clave para atraer capitales que buscan entornos de buena gobernanza y valor compartido”.