VIÑA DEL MAR.- Daniel Toledo, estudiante de Derecho y aspirante a concejal por Viña del Mar, exige al municipio mayor transparencia en el proceso de licitación del sistema de televigilancia. Señala que la empresa que anteriormente gestionaba el servicio dejó de operar en agosto debido a “graves incumplimientos”, y que la única empresa que ha presentado una oferta ha tenido problemas previos con la municipalidad.
Desde septiembre de este año, se han reportado diversas denuncias sobre fallas en el sistema de televigilancia en Viña del Mar. La situación se agrava con la interrupción del servicio por parte de la empresa anterior, lo que ha llevado a la municipalidad a iniciar un nuevo proceso de licitación.
Toledo explica que se presentaron a la charla técnica, citada por bases 12 empresas en el ámbito de la seguridad, pero solo una, Global Link en unión con Alguien te Cuida, ha presentado una oferta, en forma de Unión Temporal de Proveedores (UTP).
“La situación es alarmante; la falta de un sistema operativo de cámaras de seguridad limita la capacidad de prevención del delito en Viña del Mar. Los ciudadanos merecen respuestas claras sobre la situación de la televigilancia y cómo se garantizará su seguridad en el futuro”, expresa Toledo.
Destaca que el rol de los gobiernos locales en materia de seguridad es esencialmente preventivo, y los sistemas de televigilancia son una de las herramientas clave para asegurar la protección ciudadana. Sin embargo, el municipio de Viña enfrenta actualmente un grave problema en este ámbito.
Toledo señala que la licitación activa para el “Sistema Integrado de Televigilancia, Arriendo, Instalación, Configuración y Mantención de Cámaras de Videovigilancia con Gestión Analítica y Situacional de Seguridad Pública” ha sido complicada. El único oferente, que ya tuvo un contrato rescindido anticipadamente en 2021 por incumplimientos, plantea dudas sobre su capacidad para ejecutar el nuevo servicio.
El candidato a concejal subraya el dilema de si confiar nuevamente en una empresa con antecedentes negativos o continuar con una que también ha mostrado serias deficiencias. “En resumen, estamos sin un sistema de televigilancia efectivo, y no hay información pública sobre algún contrato que garantice la operación de las cámaras”, insiste Toledo.
La falta de claridad en este asunto es preocupante, ya que cuestiona la capacidad del municipio para asegurar la seguridad de la ciudadanía. Además, Toledo advierte que el nuevo oferente establece un plazo mínimo de 158 días, en dos etapas una de 69 y la otra de 89, para la instalación del sistema, lo que genera aún más incertidumbre.
“La licitación es para instalar cámaras (se arriendan al municipio), esto permite que se pague mensualmente un costo de arriendo, no es presupuesto de inversión, sino de funcionamiento, lo que incluye instalar los postes la fibra y cámaras, pero insisto, todo esto en arriendo. Además, se contrata y se paga a los operadores, que por lo general son ex carabineros que están en la central monitoreando esas cámaras”, aclara Toledo, advirtiendo que “por lo tanto, cuando le pones término a un contrato, como pasó en Viña, te quedas sin cámaras y sin personas para monitorear esas cámaras. Si se revisa la licitación que está cerrada en el mercado público, se licita todo esto, por eso se paga casi 170 millones de pesos al mes”.