Informe de Contraloría sacude a Putaendo: caos administrativo, contratos irregulares y más de $120 millones objetadosPutaendo: Un extenso informe de la Contraloría Regional de Valparaíso reveló profundas falencias administrativas, contables y operativas en la Municipalidad de Putaendo, tras auditar las compras y pagos efectuados durante 2024. El documento, identificado como Informe Final N° 97-2025, abarca el periodo entre enero y octubre del año pasado y expone situaciones consideradas graves y reiteradas.
Entre los hallazgos más llamativos, Contraloría detectó que el municipio mantiene 27 procedimientos disciplinarios inconclusos, algunos iniciados hace más de cinco años. Dos funcionarias permanecieron suspendidas durante largos periodos sin que existiera avance real en sus expedientes, generando pagos de remuneraciones por más de $68 millones. “En mi primer periodo ya habíamos detectado un uso excesivo del trato directo, y con el Carnaval de la Chaya la situación explotó: se aprobaron 120 millones, pero terminaron gastándose 350. Todo eso lo fuimos dejando en evidencia ante Contraloría”, afirmó el concejal Sebastián Caldera.
El organismo fiscalizador también observó un severo desorden financiero, puesto que la última conciliación bancaria formal de la cuenta principal data de 2021, generando una diferencia de $653 millones entre los registros contables municipales y los saldos confirmados por BancoEstado. Además, las conciliaciones se realizan en planillas Excel sin resguardo, pese a existir un sistema oficial contratado para ello.
La auditoría detectó múltiples irregularidades en adquisiciones: compras fragmentadas, tratos directos sin justificación, órdenes de compra emitidas después de recibir los servicios, falta de publicación en Mercado Público y ausencia de documentos base. También se evidenció que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos esenciales ni con un mecanismo para prevenir conflictos de interés. “En el tema de la basura vimos exactamente el mismo patrón. Hoy estamos esperando que el alcalde presente el plan de acción que Contraloría exige, porque ya hay plazos vencidos y otros a punto de vencerse. Esto debe resolverse por un tema de transparencia”, señaló Caldera.
Uno de los puntos más críticos corresponde al contrato de recolección de residuos con la empresa BIO REC, donde se verificaron incumplimientos graves: camiones que no cumplían los requisitos exigidos, ausencia total de multas pese a las faltas, contratos no sometidos a toma de razón y utilización de vehículos destinados a otros contratos. Por estas irregularidades, Contraloría formulará un reparo por más de $121 millones.
La situación no es mejor en el contrato con Servicios GEA Ltda., responsable de la disposición final de residuos, toda vez que la municipalidad no designó a un inspector técnico del contrato, no revisó pesajes atípicos ni controló los tiempos de descarga, incumpliendo obligaciones legales y administrativas.
El informe también reveló problemas en programas sociales. Contraloría detectó entrega de vales de gas a personas sin acreditar vulnerabilidad, así como criterios verbales —no documentados— para asignar estanques de agua a crianceros y ganaderos, lo que vulnera la normativa que exige procesos formales y verificables.
Asimismo, se cuestionaron gastos del Carnaval de la Chaya, donde se firmaron contratos sin contar con presupuesto disponible. Esto llevó a que el alcalde modificara unilateralmente el presupuesto municipal, dejando sin recursos otras áreas, como el alumbrado público.
Otra irregularidad relevante fue la compra de 113 giftcards de vestuario, destinadas a funcionarios municipales y del DAEM, por un total de $21,5 millones. Contraloría instruyó exigir la restitución de esos fondos al no cumplir con la normativa vigente. “Nosotros estamos cumpliendo nuestro rol fiscalizador y tomaremos las decisiones que correspondan. No descarto nada, seguiremos el curso que marque Contraloría y llegaremos hasta las últimas instancias”, advirtió el concejal Caldera.
Finalmente, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Putaendo iniciar procedimientos disciplinarios por numerosas observaciones, implementar controles internos, actualizar reglamentos, corregir registros contables y reportar todos los avances dentro de un plazo de 60 días hábiles.