“Este es un tema necesario”, afirmó el concejal Alejandro Gazmuri (Partido Republicano), al encabezar la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso contra la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo. La acusación, respaldada por otros tres concejales, busca inhabilitar a Toledo por cinco años para ejercer cargos públicos, debido a lo que consideran un “notable abandono de deberes” y “graves infracciones a la probidad administrativa”.
Según detalló Gazmuri, los antecedentes entregados en el documento de más de 60 páginas —acompañado de numerosos anexos— revelan un perjuicio patrimonial superior a los $6.000 millones. Entre los casos mencionados están la continuidad irregular de contratos con la empresa Oregon Security Spa, pese a fallos judiciales en contra, y el fallido proyecto “La Comarca”, que involucró una inversión municipal sin retorno alguno. “Se gastaron recursos en una idea que no funcionó, que vendió humo, que le mintió a la gente”, sostuvo el concejal.
Gazmuri enfatizó que la acción no tiene motivaciones políticas, pese a que Javiera Toledo ya ha anunciado su candidatura a diputada. “Más allá de que ella hoy día vaya como candidata o diga que esto es un ataque político, lo hubiésemos hecho igual. Esto es lo correcto, lo justo”, señaló.
Durante la presentación, también se cuestionó el rol del anterior Concejo Municipal, que aprobó por unanimidad varias de las decisiones hoy impugnadas. “El Concejo anterior no hizo su trabajo. Nosotros sí estamos fiscalizando: llevamos casi 100 oficios”, dijo Gazmuri, destacando que este nuevo cuerpo edilicio está comprometido con no repetir los errores del pasado.
La concejala Jeannette Lizana añadió que algunos ediles de la administración anterior —que hoy siguen en funciones— han actuado con “sesgo político”, incluso en decisiones como la desvinculación de una funcionaria altamente valorada de la corporación municipal.
El concejal Roberto Morgado, por su parte, reafirmó la gravedad del daño económico: “Hablamos de más de $6.000 millones perdidos. Con eso podríamos haber construido tres centros de salud de baja complejidad. Es dinero que ya no existe”.
El requerimiento, presentado dentro del plazo legal tras la salida de Toledo del cargo en noviembre de 2024, será ahora evaluado por el Tribunal Electoral Regional. Los concejales esperan que se acoja y se aplique la inhabilitación por cinco años, como establece la Ley Orgánica de Municipalidades en estos casos.