A veces pareciera que en nuestro país se persigue con más fuerza a quien fuma un pito que a un criminal de lesa humanidad. Esa contradicción se ha vuelto parte del ambiente político con una normalidad que inquieta.
Aquí no seré neutro. Creo que estamos frente a uno de los perdonazos más grandes de la historia hacia criminales que nunca se arrepintieron. Mientras se abre la puerta a la impunidad, también se debilita el Estado de Derecho.
Me preocupa el silencio de algunos medios y el acomodaje político de ciertos sectores. La doble moral es evidente: hablan de “mano dura” cuando se trata de delitos menores, pero cuando se trata de quienes torturaron y violaron los derechos humanos, aparecen discursos de humanidad y relativización.
Creo que esto también es un juego de fichas. Algunas son doradas y parecen intocables; otras tienen un valor simple y se sacrifican con facilidad. El tablero se mueve dependiendo de quién relate la partida. Y muchas veces el resultado del juego depende más del medio que lo difunde que de la verdad misma.
En una democracia verdadera no se puede proteger ni justificar a quienes torturaron. Algunos parecen sentirse cómodos con esta situación, pero no deberíamos dormir tranquilos cuando están en juego nuestra memoria, nuestra libertad y nuestra soberanía.
También es peligroso ver cómo el avance del negacionismo se transforma en una herramienta para abrir paso a la impunidad de criminales. Mientras tanto, se apunta con el dedo a personas que quizás han causado mucho menos daño, como quienes consumen cannabis.
Por eso creo que es fundamental tomar nota. La historia siempre termina recordando quiénes defendieron la justicia y quiénes permitieron la impunidad.
Rafael Reyes Fuenzalida
Concejal y escritor