El blackout de encuestas es una mala política pública que ya lleva casi diez años ayudando a debilitar la democracia y propagando la diseminación de información falsa, dando una enorme ventaja a aquellos que buscan desinformar y confundir al país.
La prohibición de difundir encuestas en los 15 días previos a una elección es una medida contraproducente que hace mucho más daño que bien a la democracia y que contribuye a la desinformación y la diseminación de información falsa. Precisamente porque hace varias rondas electorales existe esta prohibición de difundir encuestas, sabemos que el efecto que ha tenido esta prohibición ha sido dañino para el sano ejercicio de la democracia.
Publicada el 14 de abril de 2016, la Ley 20.900, que inapropiadamente fue llamada “Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia” estableció un periodo de embargo o blackout de 15 días antes de una elección para la difusión de encuestas. El objetivo de esta reforma era evitar la diseminación de sondeos cuyo diseño metodológico produjera sesgos que contribuyeran a la desinformación de la opinión pública. Se buscaba evitar que partes interesadas distribuyeran encuestas falsas con resultados que llevaran a la gente a confundirse respecto a cuáles eran las preferencias reales de la opinión pública respecto a las distintas opciones ofrecidas en la elección.
“La existencia del blackout genera una desigualdad enorme entre los ciudadanos de a pie, que no tienen cómo saber si las encuestas que ven en las redes sociales son falsas o verídicas”
Pero como el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el blackout de encuestas ha contribuido a producir más desinformación y ha facilitado la diseminación de información falsa, especialmente a través de las redes sociales. Como las encuestadoras siguen realizando encuestas para sus clientes privados, muchas de ellas comienzan a viralizarse a través de las redes sociales. Dado que los encuestadores no pueden distribuir sus sondeos públicamente a través de los canales regulares, la gente no tiene certeza de si esas publicaciones que se viralizan corresponden a encuestas verídicas de las encuestadoras o son informes falsos que, gracias a la enorme capacidad de la inteligencia artificial de producir información falsa que parezca verídica, logran engañar a mucha de la gente que las recibe.
En esta temporada electoral, el último día para difundir encuestas es el 1 de noviembre, quince días antes de la elección del 16 de noviembre. En las dos semanas que restan para la jornada electoral, veremos decenas de sondeos que circularán con resultados distintos. Será imposible para cualquier ciudadano distinguir entre las encuestas reales que envían las encuestadoras oficiales a sus clientes de forma privada, de las producidas por simpatizantes de distintos candidatos que buscarán distorsionar los resultados para mostrar a sus candidatos preferidos con mejor votación de la que realmente muestran los sondeos.
La existencia del blackout genera una desigualdad enorme entre los ciudadanos de a pie, que no tienen cómo saber si las encuestas que ven en las redes sociales son falsas o verídicas, y las personas de altos recursos que pueden pagar por recibir las encuestas verídicas o que, gracias a su posición de poder e influencia, reciben dicha información directamente desde las encuestadoras. En un país donde la desigualdad de oportunidades es uno de los problemas más complejos de solucionar, la clase política decidió crear una nueva desigualdad en el acceso a la información verídica al establecer este periodo de embargo de 15 días sobre la distribución oficial de encuestas de intención de voto por parte de las encuestadoras privadas.
Igual que esos países que deciden prohibir el alcohol o la marihuana sin entender que lo único que logran en la aparición de un mercado negro desregulado de esos productos, la clase política chilena optó por prohibir la diseminación de encuestas de opinión pública. Lo peor de todo es que, cuando se tomó esa decisión, varios advirtieron sobre los efectos significativos que tendría esta prohibición. Esta fue una mala decisión que la clase política tomó de forma consciente sabiendo que la experiencia comparada mostraba que los países que habían adoptado esta reforma no habían logrado reducir la desinformación. Muy por el contrario, la experiencia en países como Perú, que ya tenían esta prohibición desde varios años antes, había dejado meridianamente claro que esta reforma producía muchas más externalidades positivas que mejoras a la calidad de la democracia y al acceso igualitario de las personas a la información.
No costaría mucho simplemente eliminar el artículo 32 ter de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios—en la que se radicó la reforma introducida por la Ley 20.900 de abril de 2016. Bastaría una ley corta que elimine ese artículo. Pero parece haber poco interés en la clase política para terminar con ese periodo de embargo que solo daña el acceso igualitario a la información verídica que debieran tener todos los chilenos. El blackout de encuestas es una mala política pública que ya lleva casi diez años ayudando a debilitar la democracia y propagando la diseminación de información falsa, dando una enorme ventaja a aquellos que buscan desinformar y confundir al país.
Porque Chile necesita fortalecer su democracia, es hora de que, de una buena vez, el Congreso haga lo correcto y derogue esta prohibición de difundir encuestas en los 15 días anteriores a una elecció