Esta semana se ha promulgado una ley trascendental que establece el internet como un servicio público, consagrando la conectividad digital como un derecho básico para todos los ciudadanos. Esta normativa dota al Estado de todas las herramientas y facultades necesarias para garantizar este derecho, permitiendo así una mayor supervisión y acceso a la conectividad digital.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se verá fortalecida con nuevas capacidades para fiscalizar los servicios de telecomunicaciones y asegurar que el acceso a internet se considere un servicio esencial. Entre las nuevas facultades, Subtel podrá implementar un mecanismo de subsidio a la demanda, apoyando a las familias más vulnerables en el pago de sus cuentas de internet.
En una entrevista con El Diario de Cooperativa, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó: «Vamos a poder fiscalizar como se fiscaliza la telefonía. Además, buscamos que la ley incluya herramientas que permitan materializar el concepto de internet como servicio público».
Araya detalló que con esta nueva legislación, «si estás dentro de la zona de cobertura de una empresa, no te pueden negar el servicio. A lo sumo, te pueden pedir que esperes seis meses a que amplíen la red, pero no pueden decir que no».
Asimismo, el subsecretario destacó que «tendremos mejores herramientas para asegurar que las redes cumplen con su servicio. Ya existe una ley de velocidad mínima garantizada, y pronto contaremos con una herramienta que permitirá a los usuarios medir su conexión a internet fijo. Cuando esto esté implementado, podremos sancionar a quienes no cumplan los contratos».
Respecto a los subsidios, Araya indicó que «el Estado está habilitado para otorgarlos. Actualmente, estamos trabajando en dos frentes: elaborando el reglamento para definir cómo se entregarán estos subsidios y contemplando fondos en la ley de Presupuestos del próximo año para comenzar a apoyar a las familias más vulnerables».
Con esta nueva ley, se espera un avance significativo en la reducción de la brecha digital y en la promoción de la igualdad en el acceso a la conectividad, garantizando así un derecho fundamental en la era digital.