La iniciativa, que fue despachada a ley tras ser aprobada, busca modernizar el Estado y acelerar la inversión, sin comprometer los estándares ambientales ni técnicos vigentes.
Este martes 1 de julio de 2025, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (boletín 16566), despachando la iniciativa a ley de la República.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca reducir la burocracia, mejorar la certeza jurídica y agilizar la tramitación de permisos sectoriales para proyectos de inversión.
Se trata de una reforma estructural del Estado, que forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y que apunta a optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales, sin rebajar los estándares regulatorios, ambientales ni técnicos.
Modernización sin desregulación
El nuevo marco legal introduce una serie de medidas de simplificación y modernización, que no comprometen los mecanismos de protección al medio ambiente ni a las personas. Entre los principales ejes de la ley se encuentran:
- Normas mínimas de tramitación: se establecen reglas comunes para todos los permisos, incluyendo formularios de inicio, exámenes de admisibilidad, plazos máximos obligatorios y el uso del silencio administrativo positivo.
- Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): permite reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por avisos o declaraciones juradas, con fiscalización ex post y sanciones en caso de fraude.
- Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER: se consolida como la entrada única y trazable para solicitudes de permisos sectoriales.
- Nueva institucionalidad técnica: se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, asesorar y operar el sistema.
Además, el proyecto contempla modificaciones a más de 40 leyes sectoriales, abarcando ámbitos como minería, obras públicas, salud, energía, aguas y concesiones marítimas, entre otros.
Apoyo transversal y foco en la inversión
El proyecto, ingresado al Congreso en enero de 2024, fue aprobado con respaldo transversal tras un trabajo conjunto entre parlamentarios del oficialismo y la oposición. Durante el debate, varios diputados destacaron la importancia de facilitar el desarrollo de proyectos sin dilaciones innecesarias, especialmente en beneficio de la pequeña y mediana empresa.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la aprobación de la ley: “Es un avance muy importante para el país. Hemos logrado aprobar este proyecto con amplio apoyo y sin bajar los estándares regulatorios. Uno de los problemas era que los servicios estaban atochados. Con las declaraciones juradas, todo el esfuerzo se enfocará en los permisos que realmente implican riesgo”, explicó.
Silencio administrativo positivo y principio de proporcionalidad
Uno de los puntos más debatidos y finalmente ratificados fue la incorporación del silencio administrativo positivo. Esta figura permite que, si una autoridad no responde dentro del plazo legal, el permiso solicitado se considere otorgado automáticamente, evitando retrasos innecesarios en la tramitación.
Asimismo, se aprobó el principio de proporcionalidad, que obliga a los órganos sectoriales a que las exigencias para habilitar un proyecto se adecuen a su nivel de riesgo, evitando requerimientos desmedidos que obstaculicen el desarrollo productivo.
Impacto positivo en la inversión y apoyo transversal
Durante la votación en Sala, intervinieron más de 40 diputadas y diputados. Mientras la oposición celebró la iniciativa por su impacto positivo en la inversión y el empleo, algunos sectores del oficialismo expresaron preocupaciones por el resguardo ambiental y la legitimidad de simplificar ciertos procesos..-