| PATRICIO NAVIA Sociólogo, cientista político y académico UDP.- |
| Nunca está de más repetirlo, sin trabajadores en el sector privado, no hay financiamiento para los empleados públicos. Por eso, cuando revientan escándalos como este, queda en claro que muchos funcionarios públicos se creen dueños del Estado.De forma irónica, el expresidente Ronald Reagan alguna vez dijo que las nueve palabras más temidas del idioma inglés eran “yo soy del gobierno, y estoy aquí para ayudar”. Ahora que el escándalo del abuso de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos lleva a muchos políticos a prometer reformas al sector público, es saludable recordar que mientras más grande sea el tamaño del Estado y mientras mayor sea el número de funcionarios públicos que hay en el país, más oportunidades habrá para el abuso y mal uso de los recursos estatales y más difícil será focalizar los recursos públicos para ir en ayuda de los que más necesitan transferencias directas. Cuando se forma una clase social que depende de los sueldos estatales y que cree que el rol del estado es contratar trabajadores en vez de distribuir impuestos para reducir la desigualdad de ingresos, el Estado se convierte en ese ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, que termina ahogando la actividad privada y frenando el desarrollo del país. Lo que es peor, los funcionarios públicos se convierten en un muro que frena las reformas y que contribuye a la ineficiencia de un sector público más preocupado de cuidar sus pegas y privilegios que de dirigir los recursos hacia los más necesitados. “Buena parte del problema radica en que los funcionarios públicos se creen dueños del Estado y no entienden que son empleados de los contribuyentes que, a través de sus impuestos, pagan sus sueldos y beneficios” El escándalo de abuso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos se ha centrado en la impresentable práctica de aprovechar los días de descanso pagados con fondos públicos para viajar al exterior. Pero el solo hecho de ‘tirar’ licencia médica cuando los trabajadores consideran que necesitan tiempo libre para dedicarse a otras actividades refleja la cultura de abuso que existe entre muchas personas que prefieren focalizarse en sus derechos más que en sus responsabilidades. De hecho, el que ‘tirar licencia’ se haya convertido en un concepto ampliamente utilizado en el país refleja la normalización de una práctica que es moralmente aberrante y, por cierto, ilegal y criminal. Como toda red de protección social, el sistema de seguridad social de Chile que financia las licencias médicas está sometido a una presión de gasto creciente que, de no ser debidamente regulada, terminará por reventar la red y dejará a la sociedad en su conjunto en una situación de indefensión. El abuso que hacen de las licencias médicas muchos que tienen empleos formales subraya los problemas de acción colectiva y las dificultades que existen para regular adecuadamente a aquellos que están en posiciones de privilegio y que gozan de una seguridad laboral que no existe en el sector privado. Además de que se han malgastado recursos, la alta tasa de ausencia laboral que existe en el sector público debilita la capacidad estatal para responder a las necesidades de las personas y para mejorar la calidad de los servicios públicos. Buena parte del problema radica en que los funcionarios públicos se creen dueños del Estado y no entienden que son empleados de los contribuyentes que, a través de sus impuestos, pagan sus sueldos y beneficios. Las granjerías y privilegios asociados al empleo en el sector público llevan a muchos trabajadores a preferir la seguridad y la inamovilidad laboral que existe en los empleos estatales por sobre los mayores riesgos y demandas que a menudo existen en el sector privado. Para qué hablar del creciente número de trabajadores informales o sin contrato que ni siquiera puede hacer uso del sistema de licencias médicas. La alta tasa de sindicalización entre empleados públicos y los sueldos superiores que se pagan en el sector público que en trabajos comparables en el sector privado alimenta las sospechas de captura por parte de sectores organizados del empleo público. Nunca está de más repetirlo, sin trabajadores en el sector privado, no hay financiamiento para los empleados públicos. Por eso, cuando revientan escándalos como este, queda en claro que muchos funcionarios públicos se creen dueños del Estado más que servidores públicos y abusan de un sistema que está mal regulado y que no castiga debidamente a los abusadores. Estos escándalos hacen un gigantesco a la capacidad estatal para responder adecuadamente a los enormes desafíos de seguridad social que existe en el país y debilitan el eficiente manejo de los escasos recursos fiscales. Lo que es peor, estos escándalos debilitan la confianza de los chilenos en el sistema democrático y en las instituciones públicas. Escándalos como estos alimentan la sospecha de que, para muchos, el estado es un botín y no una institución que pueda efectivamente ayudar a reducir la desigualdad de oportunidades y de ingresos que existen en el país. Escándalos como este hacen que muchos chilenos terminen pensando, igual que Ronald Reagan, que el gobierno termina siendo parte del problema más que de la solución |