Durante años se ha sostenido que la educación es una de las piezas centrales y un derecho fundamental para tener sociedades más justas y un mejor desarrollo que contribuya al bienestar de todas las personas que habitan este país. La Agenda 2030 de desarrollo sostenible habla que la educación de calidad busca garantizar una educación inclusiva y equitativa.
Lo anterior se contradice a la decisión tomada recientemente por la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se decidió suspender el financiamiento al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este mecanismo, que desde el año 2016 gradualmente implementa un método centralizado de postulación para poder acceder a cualquier establecimiento educativo que reciban financiamiento del Estado, da la posibilidad de que todos los estudiantes, independiente de su situación socioeconómica, condición o lugar de residencia tengan las mismas oportunidades de pertenecer a un establecimiento educacional que se ajustan a sus necesidades y deseos de sus familias.
La falta de financiamiento se traduce en un retroceso, ya que el SAE y sus características se alinean con la ley de inclusión N°20.854 y el Decreto Supremo N°152 que reglamenta el proceso de admisión de los estudiantes en nuestro país, y los mecanismos de admisión quedaran sin ningún tipo de lineamiento, lo que repercute mayoritariamente en estudiantes más vulnerables y en aquellos que presenten alguna situación de discapacidad.
Se necesita de manera urgente una mejora de los procesos de admisión de los estudiantes y sus familias, pero quitar financiamiento a la educación es claramente un obstáculo más para poder garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva.
Es fundamental que las autoridades no debiliten aquellos mecanismos, sino más bien robustezcan y no escatimen en recursos que aporten en ir mejorando políticas públicas que se alineen con sociedades más justas y equitativas, ya que la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y no es favorable perder terrenos en espacios que se habían avanzado.
Daniela Estobar
Académica de la Escuela de Terapia Ocupacional
Universidad Andrés Bello