El organismo concluyó que la adquisición del 10% de Quebrada Blanca desde ENAMI se ajustó a derecho, se realizó a valor de mercado y no provocó perjuicio patrimonial, cerrando así los cuestionamientos presentados por SONAMI y el entonces senador Rafael Prohens.
La Contraloría General de la República concluyó que no se advierten irregularidades en la compraventa de acciones de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. adquiridas por Codelco a ENAMI, validando así una operación que había sido cuestionada por SONAMI y por el entonces senador Rafael Prohens. Según lo informado, el órgano contralor determinó que la transacción se ajustó a derecho, se realizó a valor de mercado y no generó perjuicio patrimonial para la estatal de fomento.
La revisión de Contraloría abordó distintas dimensiones de la operación y, en todas ellas, concluyó en favor de su validez. Entre otros puntos, el organismo determinó que el trato directo era procedente conforme al pacto de accionistas vigente, que habilitaba a ENAMI a vender su participación directamente a otra empresa estatal, y que Codelco era la única entidad habilitada para concretar esa compra.
Contraloría descarta daño patrimonial para ENAMI
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento apuntaba a un eventual perjuicio para ENAMI. Sin embargo, Contraloría concluyó que la operación no causó daño patrimonial, al haberse realizado a valor de mercado y mantenerse las acciones dentro del dominio del Estado. Esa lectura también es consistente con antecedentes financieros publicados por ENAMI en 2025, donde la empresa informó que la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco generó una ganancia de US$181 millones, impactando positivamente sus resultados.
Ese dato refuerza la tesis de que la transacción no solo no debilitó patrimonialmente a ENAMI, sino que además tuvo un efecto financiero relevante para la compañía.
No se acreditaron conflictos de interés ni faltas a la probidad
En materia de probidad, Contraloría tampoco encontró evidencia de conflictos de interés entre las autoridades que participaron en la decisión. Según los reportes publicados sobre el dictamen, el organismo valoró incluso que una directora de ENAMI se inhabilitara voluntariamente de la votación y renunciara a su cargo en la sociedad antes de que se adoptara la decisión, reforzando el estándar de resguardo aplicado en el proceso.
El pronunciamiento también descartó que existiera obligación de publicar los procesos de adquisición, señalando que tanto ENAMI como Codelco se rigen por un régimen especial de acceso a la información que no contempla esa exigencia en este tipo de operaciones. Del mismo modo, rechazó que fueran necesarias evaluaciones previas de Cochilco o del Ministerio de Desarrollo Social, al tratarse de una operación financiera y no de un proyecto de inversión.
Dictamen cierra una controversia abierta desde 2024
La controversia se arrastraba desde septiembre de 2024, cuando SONAMI solicitó a Contraloría revisar la legalidad de la compraventa del 10% que ENAMI mantenía en Quebrada Blanca, advirtiendo eventuales riesgos para la viabilidad futura de la empresa estatal y cuestionando la decisión de desprenderse de uno de sus activos más relevantes. En ese momento, el gremio sostuvo públicamente que le preocupaba que ENAMI siguiera enajenando activos sin un plan integral de fortalecimiento.
Con el dictamen conocido esta semana, ese cuestionamiento queda jurídicamente despejado, al menos desde la perspectiva del control de legalidad y probidad administrativa.
Codelco consolida su posición en Quebrada Blanca
Desde el punto de vista estratégico, la validación de la operación consolida la posición de Codelco en Quebrada Blanca, uno de los activos cupríferos de mayor proyección en el norte del país. Aunque el detalle actual de esa participación no fue desarrollado en los reportes revisados, la relevancia del activo se explica por su escala y por su inserción en una de las zonas más dinámicas del cobre chileno.
El cierre del caso también ocurre en un momento en que el debate sobre el rol de las empresas estatales en minería sigue abierto, especialmente en torno a ENAMI, su fortalecimiento patrimonial y su función de fomento para la pequeña y mediana minería. La discusión, por tanto, no desaparece, pero sí cambia de eje: desde la legalidad de la operación hacia el modelo futuro de desarrollo y gobernanza de ambas compañías.-