He visto a diputados de los mismos sectores que hoy promueven cárcel para las personas en situación de calle hacer campaña junto a ellas cuando les convenía. Hoy parecen olvidar que la pobreza no es un delito.
Los impulsores de esta iniciativa —Claudia Mora (RN), Felipe Ross (Partido Republicano), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares (PDG), Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario) y Eduardo Durán (RN)— proponen una respuesta que, a mi juicio, confunde un problema social con uno penal.
Con menos calle que unas pantuflas, pretenden disfrazar la pobreza y transformarla en delincuencia. Sin embargo, no se hacen cargo de las verdaderas causas: la falta de inversión en salud mental, rehabilitación, reinserción laboral, apoyo social y políticas públicas que permitan a las personas recuperar su proyecto de vida.
Quienes ejercemos el servicio público debemos comprender que las personas en situación de calle necesitan oportunidades, acompañamiento y dignidad, no persecución ni cárcel. Criminalizar la pobreza no resuelve el problema; solo lo esconde y evade la responsabilidad social que el Estado tiene con quienes viven en mayor vulnerabilidad.
Una sociedad se mide por cómo trata a quienes más necesitan ayuda. Castigar la pobreza nunca será el camino. La verdadera tarea del servicio público es construir bienestar, inclusión y esperanza.
Rafael Ignacio Reyes Fuenzalida
Escritor y concejal de San Esteban.