OPINION.- En 2018, Chile marcó un hito al convertirse en el primer país de Latinoamérica en prohibir por ley la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Las cifras del Ministerio del Medio Ambiente confirman un impacto indiscutible: se estima que la medida evitó la circulación acumulada de más de 13.600 millones de bolsas plásticas de un solo uso. En términos concretos, esto significó evitar el desecho de más de 100.000 toneladas de plástico descartable, reduciendo cerca de 200.000 toneladas de CO2e, una huella de carbono equivalente a abastecer de energía limpia a más de 85.000 hogares chilenos durante un año entero, o a retirar de circulación a más de 45.000 automóviles particulares.
Más allá de los números, la ley logró una transformación cultural potente. Estudios de percepción ambiental indican que más del 90% de la ciudadanía valora la medida y más del 80% incorporó el hábito automático de llevar sus propias bolsas al comprar.
Sin embargo, este cambio sociocultural también reveló nuevos comportamientos: el fenómeno del olvido frecuente ha llevado a que 7 de cada 10 consumidores terminen comprando bolsas “reutilizables” en el comercio, generando una acumulación en las casas de bolsas de friselina (TNT) o polipropileno que rara vez cumplen los más de 50 usos necesarios para neutralizar su propia huella de fabricación.
Este escenario demuestra que la Ley 21.100 abordó con éxito la primera etapa de la jerarquía de residuos: reducir por decreto las bolsas plásticas en los puntos de venta. No obstante, la evolución del mercado nos plantea el desafío natural de avanzar hacia las siguientes dimensiones de la economía circular: el reúso eficiente y el Rediseño de los materiales de reemplazo.
Es aquí donde la política pública debe conectarse de forma estratégica con la academia. Las universidades tienen hoy la responsabilidad de responder con pertinencia formativa, preparando a las nuevas generaciones de profesionales e investigadores en ecodiseño, ciencia de materiales y modelos de negocios circulares.
Desde las aulas y laboratorios se debe gestar el conocimiento científico y la innovación aplicada que el país necesita: biomateriales compostables desarrollados a partir de residuos orgánicos locales, envases de bajo impacto y sistemas de logística reversa que transformen el empaque en un servicio. La Ley de Bolsas instaló la conciencia ambiental en el país; hoy corresponde a la academia y al sector productivo liderar la innovación para diseñar, desde la investigación y el desarrollo local, las soluciones verdaderamente sostenibles del mañana.
Javier Viveros
Director Sostenibilidad
Universidad Andrés Bello.-