OVALLE.- Autoridades, policías, Fiscalía y CGE abordaron el avance del robo de cables en la provincia de Limarí, donde los delitos ya se registran casi a diario y afectan el suministro eléctrico, sistemas APR y predios agrícolas.
El robo de cables y cobre sigue escalando en la provincia de Limarí, transformándose en una de las principales amenazas para la infraestructura crítica y la actividad productiva de sectores rurales de Ovalle. El tema fue abordado en la segunda sesión de la Mesa Regional contra el Robo de Cables, instancia liderada por el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, y que reunió a policías, Ministerio Público, autoridades sectoriales, municipio y representantes de la empresa distribuidora.
La cita tuvo como eje pasar del diagnóstico a la acción frente a un delito que, según las cifras expuestas, se ha intensificado en los últimos meses y hoy tiene a Limarí como el principal foco regional.
Ovalle desplaza a La Higuera como principal foco del robo de cables
Durante la sesión se analizó el cambio en el mapa del delito. Si históricamente La Higuera concentraba este tipo de hechos, antecedentes recientes de CGE y Carabineros muestran que el foco se ha desplazado hacia sectores interiores de Ovalle, especialmente en zonas rurales como el borde costero, Barraza y Socos.
Según planteó el delegado presidencial, el aumento del fenómeno en los últimos seis meses ha afectado a miles de personas, especialmente por la interrupción del suministro eléctrico y por el impacto sobre servicios esenciales.
“Estamos viendo una problemática que ha aumentado en los últimos seis meses y que ha afectado a miles de personas en sectores rurales de Ovalle, principalmente en el borde costero, Barraza y Socos”, afirmó la autoridad.
Delito impacta energía, agua potable rural y actividad agrícola
Uno de los principales puntos abordados fue el efecto directo que este tipo de robos genera sobre la economía local y la vida cotidiana de las comunidades.
El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, advirtió que el problema no solo deja a vecinos sin suministro, sino que también provoca pérdidas productivas en predios agrícolas. De acuerdo con lo expuesto, en algunos casos incluso se han derribado postes para sustraer transformadores, afectando de manera directa la infraestructura eléctrica y la actividad económica del territorio.
A ello se suma la afectación a los sistemas de Agua Potable Rural (APR), lo que eleva la gravedad del delito al comprometer también el acceso a servicios básicos en zonas apartadas.
CGE advierte robos casi a diario en 2026
Desde CGE entregaron una señal de alerta sobre la magnitud del fenómeno. Si durante 2025 se contabilizaron 70 delitos, en lo que va de 2026 ya se registraban 30 casos al mes de marzo, lo que, según la compañía, refleja que los robos están ocurriendo prácticamente a diario.
Gabriel Barraza, director regional norte de CGE, sostuvo que este delito no solo implica la sustracción de cables, sino también la destrucción de infraestructura crítica y la paralización de actividades productivas.
La cifra refuerza la idea de que el robo de cobre ya no es un fenómeno aislado, sino una acción sistemática que afecta a redes eléctricas, servicios rurales y operaciones económicas locales.
Autoridades apuntan a bandas organizadas y redes de comercialización ilegal
En la mesa regional también se revisó el estado de las investigaciones orientadas a desarticular no solo a quienes ejecutan el robo en terreno, sino también a la cadena de comercialización ilegal del cobre.
Representantes de la PDI y de la Fiscalía informaron sobre avances en las diligencias. El jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Javier González, indicó que existen sujetos identificados con evidencia en su contra, mientras que el fiscal de Ovalle, Rodrigo Gómez, señaló que esperan resultados concretos en el corto plazo.
El foco investigativo apunta, por tanto, a una estructura más amplia que incluye robo, traslado, reducción y venta ilegal del material sustraído.
Gobierno refuerza medidas de vigilancia y seguimiento
El delegado presidencial fue enfático en señalar que no se tolerará la acción de bandas organizadas y destacó el avance de algunos compromisos adoptados previamente, como la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos por parte de CGE.
En paralelo, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, relevó la necesidad de hacer seguimiento efectivo a los acuerdos alcanzados, mientras que el seremi de Energía, Fabián Páez, recordó que durante 2025 se registraron más de 140 kilómetros de cables robados en la región, dimensionando la magnitud del problema.