Pese a que los Gobiernos Regionales promediaron un récord de 92,2% en transparencia activa, solo La Araucanía y Magallanes cumplen con transparentar el Fondo de Productividad.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2026 a las obligaciones de transparencia activa de los 16 Gobiernos Regionales (GOREs) del país. Aunque el sector alcanzó un promedio nacional histórico de 92,27% de cumplimiento, el índice más alto registrado desde la fiscalización de 2015, subiendo 16,2 puntos porcentuales respecto de 2025, el reporte encendió las alarmas al detectar que 14 de los 16 GOREs no publican la información requerida sobre el uso de los fondos del Royalty Minero.
De acuerdo con el informe fiscalizador presentado por la presidenta del CPLT, Natalia González, la mayoría de los organismos regionales incumple la Instrucción General de Transparencia Presupuestaria al omitir la rendición de cuentas del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), alimentado con los ingresos provenientes de la Ley de Royalty a la Minería.
Solo La Araucanía y Magallanes transparentan los fondos del Royalty Minero
La normativa vigente y la Ley de Presupuestos obligan a los Gobiernos Regionales a publicar informes periódicos sobre el destino y la ejecución de los recursos recaudados a través del Royalty Minero, orientados a financiar proyectos productivos, infraestructura regional y fomento a la investigación científica y tecnológica.
Sin embargo, el cotejo de datos ejecutado por la Unidad de Fiscalización del CPLT reveló que únicamente los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen con publicar dicha información en sus portales de Transparencia Activa. Los restantes 14 GOREs, incluyendo regiones con alta actividad minera como Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Tarapacá y Valparaíso, registraron un incumplimiento total en el reporte de estos fondos.
Ranking regional: Biobío alcanza el 100% y Los Ríos registra la menor evaluación
En el análisis desagregado por organismo, el Gobierno Regional del Biobío fue la única institución del país que obtuvo un 100% de cumplimiento en todas las materias evaluadas. Le siguieron con puntajes sobresalientes el GORE Aysén con 99,97%, GORE O’Higgins con 99,61% y GORE Atacama con 97,5%.
Un caso destacado fue el Gobierno Regional de La Araucanía, que anotó la mayor recuperación nacional al escalar desde un 43,9% en 2025 hasta un 95,0% de cumplimiento en 2026 (+51,1 puntos). Por el contrario, el Gobierno Regional de Los Ríos se ubicó en el último lugar de la medición nacional al registrar un índice de apenas 56,72% (-13,8 puntos), explicado por fallas en la actualización periódica de sus antecedentes.
Brechas críticas en modificaciones presupuestarias y transferencias a privados
Más allá del avance agregado, el informe del CPLT identificó severas opacidades en materias de fiscalización financiera y contrataciones públicas:
- Modificaciones presupuestarias: Registró el nivel de cumplimiento más bajo de toda la fiscalización, alcanzando apenas un 56,8% de transparencia.
- Órdenes de compra y contrataciones: El ítem de contratos formalizados por órdenes de compra anotó un 75% de cumplimiento.
- Transferencias a privados (>2.000 UTM): Un total de 10 Gobiernos Regionales no publicaron la información remitida por instituciones privadas receptoras de transferencias de fondos públicos superiores a 2.000 UTM.
- Concursos públicos y proyectos adjudicados: 9 GOREs no mantienen disponible la nómina de licitaciones y proyectos adjudicados.
Frente a los hallazgos, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, enfatizó la urgencia de cerrar estas brechas:
“Vemos un buen resultado general que da cuenta de avances institucionales importantes. Sin embargo, no basta, ya que persisten brechas en información que es de sumo interés público. Las personas tienen derecho a saber cómo se usan los recursos públicos que impactan directamente en su territorio, especialmente cuando se trata de fondos cuantiosos como los que provienen del Royalty Minero, así como los proyectos adjudicados o las transferencias que se realizan a instituciones privadas”.